El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

7.000 millones para ampliar el parque público y frenar la especulación inmobiliaria

El pasado 21 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, calificó el plan como «un paso importante» para solucionar las dificultades de acceso a la vivienda y para asentar este derecho «frente a cualquier otra concepción de las viviendas».

El plan, que es el primero que desarrolla la Ley de Vivienda, refleja las «dos ambiciones» del Ejecutivo en esta materia: la construcción de vivienda pública asequible y protegida de manera permanente; y la lucha contra la especulación para proteger el carácter social de la vivienda. Según la ministra, el plan responde a la demanda social de un acuerdo estructural que afronte el principal problema de la ciudadanía, ya que «no valen parches y no hay una varita mágica».

En líneas generales, el plan se estructura alrededor de tres grandes ejes de actuación: i) construir más vivienda pública; ii) simultáneamente, rehabilitar y movilizar el parque actual; y iii) incrementar las ayudas para las personas con más dificultades de acceso a la vivienda. La inversión total de 7.000 millones de euros triplica la inversión inicial del plan anterior en las políticas de corresponsabilidad con las comunidades autónomas, que recibirán el 40% de los fondos mientras que el Gobierno aportará el 60%.

En cuanto a la distribución de la inversión, el 40% de los fondos se destinará a ampliar la oferta del parque público, ya sea mediante la construcción o la adquisición de nuevas viviendas para conformar ese parque de vivienda pública a precios asequibles. La rehabilitación supondrá el 30% de los recursos, y el mismo porcentaje se dedicará a las ayudas para las personas que lo necesiten.

Otros elementos del plan

Entre las novedades más destacadas, la ministra ha remarcado la garantía de blindaje del parque público que se construya o adquiera con recursos de la Administración General del Estado. El plan incorpora una «cláusula antifraude» para asegurar que las viviendas de protección oficial beneficien a las personas que las necesitan, extremando los controles en la adjudicación y la transparencia en los registros de demandantes. Además, el plan establece que las administraciones deberán compartir los datos en materia de vivienda e informar de ello a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

En el ámbito de las ayudas, el plan incrementa notablemente las destinadas a promover la construcción del parque público de vivienda, incorporando elementos como las técnicas de industrialización y la atención a las zonas tensionadas. También crecen las ayudas para la rehabilitación, un ámbito al que se incorpora la conservación del valor patrimonial de viviendas que, de otro modo, acabarían siendo abandonadas. En cuanto a los jóvenes, se establecen ayudas de hasta 300 euros en el caso del alquiler y de hasta 15.000 euros para aquellos que construyan o adquieran su primera vivienda en una zona rural de hasta 20.000 habitantes.